A casi diez años del inicio de la construcción del llamado Palacio de la Civilización Maya en Yaxcabá, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comprobó la existencia de graves desvíos de fondos públicos, atribuidos a funcionarios del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.El levantamiento de esa obra, actualmente abandonada y perdida en la maleza, se hizo a iniciativa, principalmente, del entonces director de Cultur, Jorge Esma Bazán. El Palacio empezó en diciembre de 2009 y debería de terminar en septiembre de 2012.
En la ceremonia de la puesta de la primera piedra, la gobernadora Ortega Pacheco declaró que la construcción sería un museo con todos los adelantos tecnológicos, por lo que sería algo como "Disneylandia".
El plan original prevía una superficie construida de 72,000 mil metros cuadrados (en tres etapas), sobre un terreno de 300 hectáreas y un presupuesto de $626 millones, 465 mil, a costos de 2009.
Abandonan el proyecto en 2011
La mala planeación, la falta de apoyo financiero del Gobierno Federal y las dificultades para adquirir los terrenos donde se construiría el museo, acabaron con el proyecto. Las autoridades lo abandonaron en 2011, luego de gastar inútilmente más de $90 millones de recursos públicos.
En su dictamen, la ASF explica que "de la revisión a la obra se observó que la primera etapa concluyó en agosto de 2011, y no se continuó con la ejecución del proyecto en sus etapas posteriores, por lo que ésta permanece en abandono, sin utilidad pública y en razón de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población".
Este organismo esperó auditar el Palacio de la Civilización Maya hasta 2018, luego de recibir una "denuncia fundada", el 9 de junio de 2017, sobre presuntas irregularidades cometidas allí en el uso de recursos federales, y emitió un dictamen el 18 de enero de 2019.
Entre otras cosas, ese dictamen dice que en contra de lo que prometió el gobierno de Ortega Pacheco, éste nunca tuvo la propiedad de las 300 hectáreas en Yaxcabá.
El Patronato Cultur, dirigido por Esma Bazán, tampoco comprobó el gasto de $20.2 millones de los $22 millones que le entregó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para realizar el proyecto.
De los otros $70 millones que el gobierno local recibió de la Federación, $64 millones, informa la ASF, se gastaron después de que se inició el periodo de obras.
Un desvío de $10.60 millones
Asimismo, el dictamen señala que la empresa contratada para la construcción del Palacio -Idimsa, una de las favoritas de los gobiernos priistas- recibió $51.6 millones, pero desvió $10.6 millones.
Algo parecido ocurrió con la compañía que contrató Esma Bazán para realizar el diseño del Palacio, I Arquitectos, propiedad de personas vinculadas al ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto.
Esta compañía firmó un contrato por $7 millones 82 mil por el diseño, más otros tres por $3.6 millones, que no estaban autorizados.
Complicidad con Cultur
De acuerdo con la ASF, I Arquitectos desvío a su favor, con la complicidad de Cultur, por lo menos $2.5 millones.
De acuerdo con la información obtenida por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la ASF realizó la Auditoría de Inversiones Físicas: 2012-A-31000-04-0004-DN-2018 a la Construcción del Palacio de la Civilización Maya, Museo Universal, en el año 2018, mucho después de que se iniciaron las obras.
Según ese organismo, el Gobierno Federal entregó al Gobierno de Yucatán recursos por $92 millones, integrados por $22 millones aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006.
Éstos fueron transferidos por el INAH al gobierno de Ortega Pacheco y éste a Cultur.
Una diferencia de más de $20 millones
Respecto al fondo de $22 millones transferidos por el INAH a Cultur, la ASF sostiene "que sólo se observaron pagos por un millón 708,800 pesos, por lo que existe una diferencia de $20 millones, 291,200,
Cultur, añade, "no aclaró su utilización, ni acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses generados".
En siguientes entregas daremos a conocer detalles de los desvíos de dinero público atribuidos a las empresas contratistas y de la opacidad en el manejo de los recursos destinados a esas obras.- HERNÁN CASARES CÁMARA
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